Baja penetración de seguros en hogares mexicanos durante 2026
En México, apenas una de cada cuatro viviendas cuenta con un seguro voluntario, dejando gran parte del patrimonio familiar vulnerable ante desastres naturales.
A septiembre de 2026, el mercado asegurador en México enfrenta un desafío estructural, ya que únicamente el 25% de las viviendas en el país cuentan con una póliza de protección activa. La gran mayoría de estos inmuebles asegurados no poseen cobertura por decisión propia de sus propietarios, sino debido a que el seguro es un requisito obligatorio impuesto por las instituciones financieras al otorgar un crédito hipotecario vigente. Una vez que el usuario liquida su deuda, la protección suele ser cancelada de inmediato, dejando al patrimonio desamparado ante siniestros.
Tener una casa representa el principal objetivo patrimonial para millones de familias mexicanas, quienes destinan gran parte de sus ingresos mensuales al pago de créditos o al mantenimiento de la propiedad. Sin embargo, el problema se agudiza después de que la vivienda es adquirida o construida, pues el mantenimiento preventivo y la protección ante riesgos como sismos, inundaciones o incendios no son considerados una prioridad financiera por la mayoría de la población. La cultura de la prevención sigue siendo una asignatura pendiente en el sector financiero nacional.
El sector asegurador ha señalado que la falta de penetración se debe principalmente a la percepción de que los seguros representan un gasto superfluo en el presupuesto familiar, en lugar de una inversión para salvaguardar el mayor activo de los ciudadanos. Ante este panorama, diversas asociaciones del ramo han propuesto al Congreso de la Unión y a las autoridades financieras explorar esquemas de incentivos fiscales y campañas de educación financiera que fomenten la contratación de pólizas multirriesgo residenciales, independientemente de la existencia de un crédito hipotecario.
Por su parte, analistas económicos sugieren que la vulnerabilidad de las viviendas en zonas de alta sismicidad o riesgo hidrometeorológico es una preocupación constante para el Estado mexicano. La ausencia de seguros privados traslada la carga de la reconstrucción hacia los fondos de emergencia gubernamentales, presionando el gasto público en momentos de crisis. La búsqueda de un equilibrio entre la responsabilidad individual y la protección social continúa siendo un eje de discusión en las agendas de política pública de la SHCP.
