México gana arbitraje internacional por disputa de parquímetros en la capital
Tras cuatro años de litigio, el Estado mexicano obtuvo un fallo favorable en una demanda millonaria relacionada con la operación de parquímetros en la Ciudad de México.
El Estado mexicano concluyó exitosamente un arbitraje internacional iniciado hace cuatro años, tras enfrentar una demanda millonaria derivada de la operación y concesión de parquímetros en la Ciudad de México. La controversia, que alcanzó cifras superiores a los 600 millones de pesos, fue desestimada por el tribunal arbitral, permitiendo que México no solo evitara el pago de la indemnización solicitada, sino que además recibiera una compensación económica superior al millón de dólares por los costos legales del proceso.
El conflicto legal se originó por discrepancias en los términos de las concesiones otorgadas para la gestión del estacionamiento en vía pública en diversos sectores de la capital. La parte demandante alegaba violaciones a acuerdos comerciales internacionales y afectaciones a sus inversiones; sin embargo, la defensa del Estado mexicano, coordinada a través de la Secretaría de Economía y apoyada por especialistas en derecho internacional, logró acreditar que la administración pública actuó conforme a lo establecido en los contratos vigentes y la normativa local.
Este fallo representa un cierre relevante para una disputa que mantuvo en vilo a las autoridades locales durante gran parte del sexenio. El tribunal arbitral determinó que no existieron los daños patrimoniales reclamados por la empresa privada, validando la postura de las autoridades mexicanas respecto a la soberanía regulatoria en el espacio público urbano.
Los recursos recuperados por concepto de costos legales serán integrados al erario federal, conforme a los protocolos de la SHCP para el manejo de ingresos derivados de litigios internacionales. Mientras tanto, la operación de los parquímetros en la Ciudad de México continuará bajo el esquema administrativo actual, sin que esta resolución afecte la prestación del servicio a los ciudadanos ni la movilidad en las zonas intervenidas.
Con esta resolución, el gobierno mexicano reafirma su capacidad para defender los intereses nacionales en tribunales extranjeros, marcando un precedente en la resolución de conflictos sobre infraestructura urbana. Las autoridades señalaron que este resultado refuerza la seguridad jurídica para futuros proyectos de inversión pública y privada en la infraestructura vial del país.
