México recupera 5.8 millones de dólares por venta de bienes de Weinberg

El gobierno de México informó este sábado que ha concretado la recuperación de 5.8 millones de dólares, derivados de la venta de doce inmuebles que pertenecían a la familia Weinberg. Estas propiedades, ubicadas en territorio nacional, fueron identificadas como parte de la red financiera utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, durante el tiempo que ejerció el cargo público. El proceso de enajenación forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades federales para restituir al patrimonio público los recursos obtenidos mediante esquemas de corrupción.

La operación fue ejecutada por las instituciones encargadas de la administración de bienes asegurados, tras concluir los procesos legales que permitieron la disposición de los activos. Según los reportes oficiales, los inmuebles formaban parte de un entramado de empresas fachada y prestanombres que facilitaron la triangulación de capitales hacia el extranjero. La venta de estas propiedades representa un avance significativo en la estrategia del Estado mexicano para desarticular la estructura financiera asociada a la gestión de seguridad del sexenio anterior.

Las autoridades federales señalaron que los fondos recuperados serán integrados a la tesorería nacional para ser destinados a programas prioritarios y proyectos de infraestructura. Este ingreso se suma a las acciones de recuperación de activos que la administración actual ha mantenido bajo estricta vigilancia, con el objetivo de resarcir el daño causado por actos de malversación de recursos públicos. La Fiscalía General de la República ha trabajado en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen y destino de estos bienes.

El equipo de comunicación gubernamental reiteró que las investigaciones sobre la red de colaboradores de García Luna continúan abiertas, tanto en México como en instancias internacionales. Se mantiene el compromiso de seguir identificando y solicitando el aseguramiento de más propiedades que pudieran estar vinculadas con los mismos esquemas de enriquecimiento ilícito. El Estado mexicano enfatizó que el combate a la corrupción financiera es una prioridad que busca garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos de la nación.