Prisión domiciliaria no modifica proceso penal contra Ernesto Ruffo: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, a su domicilio bajo la medida de prisión preventiva domiciliaria, no representa una modificación en la naturaleza ni en el avance de su proceso penal. La institución precisó que esta determinación responde exclusivamente a una resolución judicial en materia de medidas cautelares, la cual no implica la absolución ni el desistimiento de los cargos que actualmente se le imputan.

El traslado, ejecutado bajo estrictos protocolos de vigilancia, permite que el indiciado permanezca en su residencia mientras continúan las investigaciones y las audiencias programadas por el Poder Judicial. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, el procedimiento legal sigue su curso ordinario y el Ministerio Público Federal mantiene la integridad de la carpeta de investigación presentada ante los tribunales correspondientes.

La medida cautelar de prisión domiciliaria ha sido otorgada conforme a los criterios establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, evaluando factores de salud y edad del imputado. No obstante, la FGR subrayó que esta condición no exime al exmandatario estatal de sus obligaciones ante la justicia ni interrumpe el desahogo de las pruebas que serán presentadas durante las próximas etapas del juicio.

El equipo jurídico de la defensa ha señalado previamente que buscarán agotar las instancias legales para demostrar la inocencia de su representado. Por su parte, la Fiscalía reafirmó su compromiso de mantener el rigor técnico en la presentación de evidencias ante el juez de control, asegurando que el proceso continuará conforme a los plazos legales establecidos sin interferencias derivadas del cambio de ubicación física del sujeto.

Finalmente, las autoridades judiciales mantendrán supervisión constante sobre el cumplimiento de las restricciones impuestas al exgobernador para garantizar que la medida se acate cabalmente. El caso sigue bajo análisis de las instancias federales, las cuales deberán determinar, tras el desahogo total de pruebas, la responsabilidad o exoneración del exfuncionario en los hechos que se le atribuyen.