Programa de Certificado Laboral para la Agroexportación iniciará el 15 de septiembre

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que el próximo 15 de septiembre iniciará el programa piloto del Certificado Laboral para la Agroexportación. El anuncio fue formalizado tras una mesa de trabajo entre funcionarios de la dependencia federal y representantes del sector productivo, con el objetivo de estandarizar las condiciones de contratación y cumplimiento normativo en las cadenas de valor orientadas a los mercados internacionales.

Este nuevo esquema busca fortalecer la supervisión de las condiciones de trabajo en el campo, asegurando que las empresas exportadoras cumplan con los estándares laborales vigentes en la legislación mexicana. Según lo expuesto por las autoridades, el programa operará inicialmente como una prueba piloto en regiones con alta actividad agroexportadora, permitiendo ajustar los mecanismos de verificación antes de una implementación de mayor alcance a nivel nacional.

Las reglas operativas del certificado establecen criterios claros sobre el registro de trabajadores, el respeto a las jornadas laborales y la seguridad social, puntos críticos para mantener la competitividad de los productos mexicanos en el extranjero. La STPS enfatizó que la participación en este programa será un elemento clave para las empresas que buscan certificar sus procesos frente a los requerimientos de los socios comerciales de México.

Durante la reunión de planeación, los representantes de la dependencia detallaron que el proceso de inscripción para los productores interesados comenzará en los días previos al arranque oficial. Se espera que este marco de certificación no solo facilite el cumplimiento de las obligaciones patronales, sino que también contribuya a la formalización del empleo en el sector agropecuario, un objetivo prioritario para la actual administración federal.

El despliegue de este programa piloto contará con el acompañamiento de diversas áreas de la secretaría para brindar asesoría técnica a los productores. La meta es establecer un precedente de buenas prácticas que garantice el respeto a los derechos laborales, promoviendo al mismo tiempo un entorno de mayor certidumbre jurídica para las inversiones y las operaciones de exportación en el país.