SEGOB propone aumentar presupuesto para defensa jurídica y atención migratoria en 2027

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha presentado su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027, en la que destaca un incremento en los fondos destinados a fortalecer la defensa jurídica, la atención integral en materia migratoria y la gestión de testamentos. De acuerdo con el proyecto enviado al Congreso de la Unión, la dependencia solicita una partida específica de 119.8 millones de pesos para robustecer estas áreas estratégicas durante el próximo año.

El equipo de trabajo de la SEGOB ha señalado que este aumento busca optimizar los servicios de protección legal ofrecidos a diversos sectores de la población, incluyendo a personas en situación de movilidad que requieren orientación sobre sus derechos en territorio nacional. La propuesta subraya la necesidad de modernizar los procesos administrativos para la elaboración de testamentos, facilitando así que más ciudadanos puedan garantizar la seguridad jurídica de su patrimonio.

Dentro de la estrategia planteada, los recursos adicionales se orientarían a la capacitación constante del personal encargado de la atención en las oficinas de representación estatal y centros de apoyo. Se busca que la gestión migratoria sea abordada con un enfoque de respeto a los derechos humanos, integrando mecanismos de defensa más eficientes que respondan a los retos actuales que enfrenta el país en las fronteras y en los centros de atención urbana.

En cuanto a la vertiente de certeza jurídica, la dependencia subrayó que el incremento en el presupuesto responde a la creciente demanda de asesoría legal para la formalización de testamentos, un trámite considerado prioritario para evitar conflictos legales a largo plazo entre las familias mexicanas. La propuesta ahora deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados durante el proceso de análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

La SEGOB confía en que esta asignación presupuestaria permitirá una mayor cobertura en los programas de asistencia social y legal que coordina la institución. Con este ajuste, el gobierno federal busca consolidar las capacidades operativas de sus áreas clave, asegurando que los servicios de atención al ciudadano mantengan estándares de calidad y accesibilidad en todas las entidades federativas.