Sheinbaum firma reforma constitucional sobre nacionalidad para cargos de elección popular

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 7 de octubre la reforma constitucional que establece como requisito indispensable contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento y sin otra nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República y a las gubernaturas estatales. El decreto, que será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, marca un cambio significativo en las normas de elegibilidad para los cargos de mayor jerarquía en el Poder Ejecutivo a nivel federal y local.

Esta modificación legislativa, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y ratificada por las legislaturas estatales, entrará en vigor de manera plena a partir del proceso electoral de 2028. La medida busca asegurar que quienes encabecen los gobiernos en México mantengan un vínculo jurídico exclusivo con el Estado mexicano, evitando posibles conflictos de lealtad en el ejercicio de funciones públicas fundamentales.

Durante el acto protocolario realizado en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo subrayó que la reforma es el resultado de un consenso legislativo orientado a fortalecer la soberanía en la toma de decisiones. Según fuentes del equipo de gobierno, la disposición pretende garantizar que los servidores públicos de alto nivel centren sus compromisos políticos y jurídicos de manera única en el territorio nacional.

La reforma establece que, aunque la Constitución permite la doble nacionalidad en diversos ámbitos, la función pública de alto impacto requiere condiciones específicas de exclusividad. A partir de la fecha establecida, cualquier ciudadano que desee contender por una gubernatura o la Presidencia deberá renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de formalizar su registro ante el Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales electorales.

El documento oficial entrará en circulación nacional tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación esta misma tarde. Con este paso, el Estado mexicano formaliza un nuevo estándar constitucional que será aplicado por las autoridades electorales en los próximos ciclos de renovación de poderes públicos en el país.